Lisa Murkowski descubre el agua caliente. La senadora republicana de Alaska se afana hoy en redactar una autorización formal de uso de la fuerza militar contra Irán, supuestamente para "establecer parámetros" a las operaciones militares. Su motivo? La administración Trump "ha puesto al Congreso al margen", según el New York Times.
Conmovedor. Realmente conmovedor.
Así que ahora una funcionaria se da cuenta de que el ejecutivo estadounidense lleva a cabo operaciones militares sin pedir permiso al legislativo. Como si fuera una novedad. Como si el Congreso no hubiera pasado los últimos veinticinco años mirando hacia otro lado mientras Bush, Obama, Trump en su primer mandato, y luego Biden transformaban la presidencia en una monarquía militar.
La amnesia selectiva del Capitolio
Porque, al fin y al cabo, ¿dónde estaba Murkowski cuando Obama bombardeaba Libia sin autorización parlamentaria en 2011? ¿Dónde estaba cuando Trump eliminó a Soleimani en 2020? ¿Dónde estaban todos esos guardianes escrupulosos de la Constitución cuando había que votar presupuestos militares faraónicos sin cuestionar nunca su uso?
La verdad es que el Congreso estadounidense ha abdicado voluntariamente de sus prerrogativas de guerra durante décadas. Por cobardía política, primero: es más cómodo dejar que el presidente tome las decisiones difíciles y aplaudir si funciona, criticar si fracasa. Por cálculo electoral, después: ¿por qué arriesgarse a la reelección con un voto de guerra cuando se puede contentar con comunicados indignados?
La Authorization for Use of Military Force votada tras el 11 de septiembre de 2001 — ese cheque en blanco que el Congreso firmó en medio de la emoción — ha servido de pretexto legal a todos los presidentes posteriores para justificar prácticamente cualquier intervención. Desde Afganistán hasta Yemen, desde Somalia hasta Siria, esta autorización de todo a cien ha permitido evitar el debate democrático sobre cada nueva guerra.
El teatro de la resistencia
Hoy, Murkowski actúa como una resistente. Quiere "retomar el control". Pero su iniciativa se asemeja más a un teatro político que a una verdadera voluntad de cambio. Primero, porque llega después de la batalla: las tensiones con Irán no son de ayer, y si realmente quisiera encuadrar la acción militar, podría haberlo hecho antes.
Luego, porque una autorización de uso de la fuerza, incluso "encuadrada", sigue siendo un cheque en blanco. Los parámetros que pretende fijar serán necesariamente vagos — siempre lo son. ¿Cómo definir con precisión las "amenazas inminentes" que justificarían un ataque? ¿Cómo delimitar geográficamente una intervención? ¿Cómo medir la "proporcionalidad" de una respuesta?
Estas preguntas no son técnicas, son políticas. Y es precisamente para evitar responderlas públicamente que el Congreso ha preferido delegar sus responsabilidades al ejecutivo.
Irán, un pretexto conveniente
Porque hablemos de Irán. Ahí tenemos un país que actúa como un espantapájaros perfecto para justificar todos los excesos. Régimen autoritario, programa nuclear, apoyo a milicias regionales: Irán marca todas las casillas del "villano" ideal. Pero la realidad geopolítica es infinitamente más compleja que esta caricatura.
Irán es también un país de 85 millones de habitantes, de los cuales una gran parte aspira a más libertades. Un país que ha respetado el acuerdo nuclear de 2015 hasta que Trump lo denunció unilateralmente. Un país que, a pesar de sus evidentes defectos, sigue siendo un actor racional en la escena internacional — a diferencia de lo que sugiere la retórica belicista.
Autorizar el uso de la fuerza contra Irán, incluso con "parámetros", es abrir la caja de Pandora de un conflicto regional con consecuencias imprevisibles. Es arriesgarse a incendiar todo Oriente Medio para satisfacer los fantasmas de algunos halcones washingtonianos.
El verdadero problema
El problema de fondo no es que Trump "ponga al Congreso al margen". El problema es que el sistema estadounidense de controles y equilibrios se ha ido desmoronando progresivamente, con la complicidad activa del legislativo. El Congreso ha renunciado a sus prerrogativas presupuestarias (gobierno por resoluciones continuas), a sus prerrogativas de guerra (delegación al ejecutivo), a sus prerrogativas de control (comisiones de investigación partidistas).
La iniciativa de Murkowski no cambiará nada de esta deriva institucional. En el mejor de los casos, dará una legitimidad parlamentaria de fachada a decisiones que seguirán tomándose en el secreto de los despachos presidenciales. En el peor de los casos, facilitará la escalada militar dándole un barniz democrático.
La verdadera pregunta no es cómo encuadrar mejor el uso de la fuerza. Es por qué, en 2026, Estados Unidos sigue considerando la guerra como una herramienta de política exterior normal. Pero esa pregunta, Murkowski prefiere no planteársela. Es menos vendible en Alaska.