Hay algo profundamente perturbador en esta imagen: un presidente que entrega solemnemente llaves de vivienda como si estuviera repartiendo regalos de Navidad. William Ruto estuvo hoy en Emgwen, en el condado de Nandi, para inaugurar a 120 nuevos propietarios y anunciar que 100 unidades más permanecen "en venta". En venta. Ahí está la palabra que revela toda la ambigüedad de lo que se llama pomposamente el "Programa de vivienda asequible".
Porque, al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De un servicio público o de una operación comercial disfrazada de política social? Cuando el Estado se convierte en promotor inmobiliario, la frontera se vuelve difusa entre el derecho a la vivienda y el plan de negocios gubernamental.
El Estado-vendedor, nuevo modelo keniano
Según The Star y KBC Digital, que informan sobre el evento, Ruto alabó los méritos de su programa que "ha acelerado el crecimiento en 111 circunscripciones gracias a la provisión de viviendas decentes para el pueblo, así como al suministro de empleos para los jóvenes y las mujeres". Bonita retórica. Pero veamos los números: 120 familias alojadas, 100 unidades aún por vender. En un país de 54 millones de habitantes, es una gota de agua que hace mucho ruido mediático.
El verdadero desafío no está en estas 220 viviendas, sino en el modelo que representan. Al condicionar el acceso a la vivienda a la capacidad de compra, incluso "asequible", el Estado keniano abandona su misión redistributiva para adoptar una lógica de mercado. Los más pobres, aquellos que ni siquiera pueden permitirse una "vivienda asequible", quedan al margen.
La política del espectáculo inmobiliario
Esta ceremonia de entrega de llaves es parte de una puesta en escena política bien ensayada. El presidente que inaugura, los beneficiarios agradecidos, los medios que difunden. Todo está ahí para crear la ilusión de una acción pública efectiva. Pero detrás del folclore, las preguntas incómodas se acumulan.
¿Quién tiene realmente acceso a estas viviendas "asequibles"? ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿A qué precio se venden estas unidades? Y sobre todo: ¿por qué el Estado, que debería garantizar el derecho a la vivienda, se limita a actuar como intermediario entre promotores y compradores?
El discurso oficial menciona la creación de empleos para "los jóvenes y las mujeres". Fórmula vacía si la hay. ¿Qué empleos? ¿Temporales o duraderos? ¿En la construcción o en el mantenimiento? ¿A qué nivel de remuneración? La falta de detalles precisos delata una comunicación política más preocupada por el efecto de anuncio que por la transparencia.
La ilusión de la solución técnica
El Programa de vivienda asequible ilustra perfectamente esta tendencia moderna a tecnificar los problemas políticos. Ante la crisis de la vivienda, en lugar de abordar las causas estructurales - especulación de tierras, desigualdades de ingresos, urbanización salvaje - se propone una solución técnica: construir viviendas y venderlas "a precios asequibles".
Este enfoque evita cuidadosamente las preguntas que incomodan. ¿Por qué los terrenos urbanos son tan caros? ¿Cómo luchar contra la especulación inmobiliaria? ¿Qué hacer con los millones de kenianos que viven en los barrios marginales? Cuestionamientos que exigirían reformas estructurales, por lo tanto, enfrentamientos con intereses poderosos.
Es más cómodo políticamente cortar cintas y repartir llaves que regular el mercado de tierras o gravar la plusvalía inmobiliaria.
La trampa de la deuda social
Porque de eso se trata: transformar ciudadanos en deudores. Estos 120 nuevos "propietarios" no son beneficiarios de una política pública, sino clientes de un Estado-vendedor. Tendrán que pagar, probablemente durante años, su acceso a un derecho fundamental.
Esta lógica de la deuda social presenta una doble ventaja para el poder: desresponsabiliza al Estado (ya que los beneficiarios "pagan" su vivienda) y crea una dependencia política (es difícil criticar a un gobierno al que aún se le debe dinero).
Más allá del folclore, las verdaderas preguntas
Mientras Ruto inauguraba sus 120 viviendas en el condado de Nandi, ¿cuántas familias kenianas fueron desalojadas de sus viviendas precarias? ¿Cuántos jóvenes han renunciado a formar una familia por no poder acceder a una vivienda digna? ¿Cuántos trabajadores dedican más de la mitad de sus ingresos a su alquiler?
Estas preguntas no son objeto de ceremonias oficiales. No generan fotos con entrega de llaves. Exigen respuestas políticas, no soluciones de mercado.
Kenia, como tantos otros países, elige la facilidad: en lugar de garantizar el derecho a la vivienda, se organiza su mercantilización "social". En lugar de construir un servicio público, se subsidia un mercado privado. En lugar de alojar a los más pobres, se ayuda a las clases medias a convertirse en propietarias.
Esta política de vivienda "asequible" no es una solución a la crisis de la vivienda. Es su continuación bajo una forma más presentable. Y las 120 llaves entregadas hoy en Emgwen, por simbólicas que sean, no cambiarán esta realidad.